La iniciativa que busca reemplazar la Ley 19.550 generó posiciones enfrentadas en el Senado. Mientras especialistas y funcionarios destacaron la modernización, la digitalización y la incorporación de nuevas figuras empresariales, otros expositores advirtieron sobre posibles riesgos para los derechos de los accionistas y los controles societarios.
La Comisión de Legislación General del Senado avanzó con el debate del proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone una reforma integral del régimen de sociedades comerciales vigente desde 1972.
Durante la jornada, más de una decena de especialistas, funcionarios y representantes del sector jurídico expusieron argumentos a favor y en contra de la iniciativa. Entre sus principales novedades aparecen la incorporación de herramientas digitales, la inteligencia artificial, la digitalización de libros y registros y las Sociedades DAO, vinculadas a organizaciones descentralizadas basadas en tecnología blockchain.
Desde una mirada favorable, el abogado Sebastián Balbín sostuvo que el marco actual quedó desactualizado frente a los cambios tecnológicos y económicos. Consideró que la propuesta no implica quitar derechos, sino construir un sistema jurídico más adaptado a la realidad empresarial actual.
En la misma línea, el titular de la Unidad de Información Financiera, Matías Álvarez, destacó que el proyecto puede fortalecer la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, además de incorporar herramientas para identificar a los beneficiarios finales de las sociedades.
Sin embargo, también hubo fuertes críticas. El ex titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, cuestionó que la propuesta pueda reducir los controles y facilitar que empresarios limiten su responsabilidad. Advirtió además sobre los efectos que podrían tener algunas modificaciones en los derechos de los accionistas.
El debate tuvo además un momento de tensión cuando la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, cuestionó a Nissen y recordó acusaciones judiciales vinculadas con su desempeño al frente de la IGJ.
Por su parte, el juez Julián Benito Flores sostuvo que el proyecto no constituye simplemente una reforma, sino una sustitución completa de la legislación vigente. Planteó la necesidad de modernizar el sistema sin eliminar las garantías existentes.
El debate continuará el miércoles 18 de agosto, cuando la comisión reciba a nuevos invitados vinculados principalmente al sector empresario. El Senado deberá avanzar en un tema de alto impacto para el funcionamiento de las empresas y el marco jurídico de las inversiones en Argentina.
