El Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados se encuentran en un proceso de negociación para modificar las cláusulas sobre discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027, con el objetivo de alcanzar un texto consensuado con sus aliados y destrabar el debate.
El origen de la controversia
El proyecto enviado por el Ministerio de Economía generó cuestionamientos tanto en bloques opositores como en sectores aliados del oficialismo, principalmente el PRO y la UCR.
Uno de los principales puntos de discusión es el artículo 39, que modifica el régimen de aranceles del sistema de prestaciones básicas de discapacidad.
La iniciativa elimina el esquema de valores únicos y obligatorios para las prestaciones en todo el país y establece que los aranceles puedan ser determinados por cada organismo obligado en su relación con los prestadores. En el caso de las obras sociales y empresas de medicina prepaga, esto implica que podrán establecer los valores directamente con cada prestador.
Además, el proyecto modifica el mecanismo de actualización de los aranceles y elimina el estudio anual de costos contemplado en el régimen vigente.
Para el ámbito estatal nacional, los valores serían fijados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad. En caso de que la actualización no se realice dentro del plazo previsto, se utilizaría el IPC del INDEC como referencia.
Estos cambios no habrían sido acordados previamente en la mesa política del Gobierno, lo que generó malestar mientras el Congreso avanzaba con el tratamiento de la emergencia en discapacidad.
Los cuestionamientos
Desde distintos bloques se advirtió sobre posibles efectos en las prestaciones, las pensiones y la cobertura de salud.
El diputado Esteban Paulón calificó el proyecto de “regresivo”. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó la modificación de artículos de la Ley 27.793. Juan Marino, de Unión por la Patria, objetó los cambios en las pensiones no contributivas y su compatibilidad con el trabajo registrado.
En tanto, Pablo Juliano, de Democracia para Siempre, reclamó la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y cuestionó la eliminación de la actualización automática de los pagos a los prestadores.
La estrategia de negociación del Gobierno
Frente a las diferencias, la Casa Rosada busca reemplazar las prórrogas de la emergencia por un marco normativo permanente, con reglas de fondo que establezcan metas, costos, fuentes de financiamiento y mecanismos de control para el sector.
El oficialismo analiza distintas alternativas: aprobar un proyecto de discapacidad de manera independiente en la Cámara de Diputados, darle media sanción y luego adecuar las partidas del Presupuesto 2027, o emitir un dictamen sobre discapacidad e incorporar las modificaciones de fondo directamente al articulado del Presupuesto.
El objetivo es alcanzar una solución intermedia y avanzar hacia un nuevo dictamen en comisión.
También se debate la movilidad de las asignaciones
Otro de los puntos incluidos en el proyecto es la propuesta de desvincular la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares de la actualización automática por inflación.
Desde el propio oficialismo reconocen que la eliminación de este mecanismo enfrenta dificultades para ser aprobada por el Congreso.
El Ministerio de Capital Humano ratificó el compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de mantener la cobertura de la AUH en torno al 95% de la Canasta Básica Alimentaria.
El debate continuará en las comisiones de la Cámara de Diputados, donde se buscará avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027 y definir el nuevo esquema para el sistema de discapacidad.
