El plenario de las comisiones de Salud y Legislación General volverá a reunirse el miércoles 9 de septiembre. El oficialismo buscará avanzar con el dictamen del proyecto que modifica la Ley 26.657 e incorpora cambios en prevención, tratamientos e internaciones.
Después de más de cien días sin actividad, el Senado retomará el debate sobre la reforma de la Ley 26.657 de Salud Mental. El plenario de las comisiones de Salud y Legislación General fue convocado para el miércoles 9 de septiembre a las 15, en lo que será la cuarta reunión informativa desde el inicio del tratamiento parlamentario.
El último encuentro se realizó el 20 de mayo, cuando más de 30 especialistas expusieron sus posiciones sobre la iniciativa. En las últimas semanas, además, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, mantuvo reuniones con el ministro de Salud, Mario Lugones, y funcionarios provinciales para intentar acercar posiciones.
Desde el oficialismo buscarán que la reunión del miércoles permita avanzar hacia la firma del dictamen.
¿Qué propone la reforma?
El proyecto plantea una modificación integral de la Ley 26.657 y amplía sus objetivos. Además de la protección de derechos, incorpora políticas de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria.
Uno de los principales cambios es el fortalecimiento del rol médico. Los equipos interdisciplinarios deberán contar obligatoriamente con al menos un médico psiquiatra.
También se incorporan las adicciones y los consumos problemáticos de sustancias dentro de las políticas de salud mental, con la posibilidad de implementar dispositivos específicos de atención ambulatoria o de internación.
Cambios en las internaciones involuntarias
La iniciativa mantiene la internación involuntaria como una medida excepcional, pero modifica el criterio para determinar cuándo puede aplicarse. El actual concepto de “riesgo cierto e inminente” sería reemplazado por el de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física” de la persona o de terceros.
Para disponer una internación se requerirá, como regla general, el dictamen de dos profesionales de distintas disciplinas, uno de ellos psiquiatra. En situaciones excepcionales, un solo médico podrá disponerla, aunque deberá ser revalidada dentro de las 24 horas.
El proyecto también modifica la intervención judicial: el juez deberá ser informado dentro de las 24 horas y tendrá tres días para autorizar la internación, solicitar información adicional o rechazarla.
En cambio, las altas y externaciones quedarían bajo responsabilidad del equipo de salud y no necesitarían autorización judicial. Además, se contemplan medidas de protección posteriores al alta por hasta seis meses.
Hospitales psiquiátricos y clínicas privadas
La reforma reconoce expresamente a los hospitales especializados en psiquiatría y a las clínicas privadas como parte de la red sanitaria y establece que no podrán rechazarse pacientes por presentar problemas de salud mental.
También propone modificaciones al Código Civil y Comercial relacionadas con las internaciones sin consentimiento, los traslados de urgencia y el consentimiento informado.
Por último, introduce cambios en el Mecanismo de Prevención de la Tortura, estableciendo que las inspecciones en establecimientos de salud mental deberán realizarse mediante equipos interdisciplinarios que incluyan obligatoriamente a un médico psiquiatra.
Con el debate nuevamente en marcha, el oficialismo buscará avanzar con uno de los proyectos vinculados a la salud que permanece pendiente de definición en el Senado.
