La Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría sobre el proyecto Inocencia Fiscal II, luego de incorporar una modificación clave: los funcionarios públicos quedarán excluidos de los principales beneficios del régimen.
El dictamen obtuvo 44 firmas y contó con el respaldo del oficialismo y de distintos bloques dialoguistas. La modificación fue incorporada a pedido de sectores aliados, especialmente luego de la polémica generada por la adhesión del exjefe de Gabinete Manuel Adorni al régimen original.
Funcionarios públicos, sin los beneficios fiscales
El nuevo texto establece que quienes ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública en cualquiera de los tres poderes del Estado, durante los cinco años anteriores a su adhesión y hacia adelante, no podrán acceder a los beneficios centrales del régimen.
Podrán utilizar el sistema simplificado únicamente para presentar la declaración jurada de Ganancias y cancelar el saldo correspondiente. Sin embargo, no tendrán presunción de exactitud, liberación de fiscalizaciones ni inmunidades o beneficios tributarios previstos para otros contribuyentes.
Beneficios para pequeños contribuyentes y sectores productivos
El proyecto también incorpora una reducción automática de sanciones y busca armonizar el régimen con el Régimen Penal Tributario.
Entre las medidas se contempla una reducción del 25% en las multas formales aplicables a MicroPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.
Durante el debate, representantes de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas destacaron que la iniciativa apunta a simplificar la liquidación del Impuesto a las Ganancias y otorgar mayor certeza jurídica.
También remarcaron que no se trata de un blanqueo, sino de un régimen de simplificación y presunción de exactitud para determinados períodos fiscales, manteniendo la obligación de presentar las declaraciones juradas correspondientes.
La posición de la UIF
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez, defendió la iniciativa y sostuvo que uno de sus objetivos es incorporar al circuito formal recursos que actualmente circulan dentro de la economía informal.
Según explicó, una mayor formalización permitiría mejorar los controles y detectar con mayor eficacia las operaciones vinculadas al lavado de activos y otros delitos financieros.
Álvarez aseguró que la reforma no elimina ni reduce las obligaciones de prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Los sujetos obligados continuarán realizando tareas de monitoreo, debida diligencia, análisis y reporte de operaciones sospechosas.
Próximo paso
Con el dictamen emitido, el proyecto quedó en condiciones de avanzar hacia el recinto de la Cámara de Diputados. Según se estima, podría ser tratado dentro de aproximadamente dos semanas.
La iniciativa busca combinar una mayor simplificación tributaria con mecanismos de control y formalización, al tiempo que establece un tratamiento diferencial para quienes hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública.
